Aceptan legisladoras de Campeche nuevo debate sobre aborto

Por Aurora Sansores y Anayeli García Martínez

Campeche, Cam. 21 abr 10 (CIMAC).- Pese a que en la entidad se aprobaron desde 2009, reformas para proteger la vida desde el momento de la concepción o fecundación, diputadas de todos los partidos políticos representados en el Congreso del estado, reconocieron que se trata de un problema de salud pública y coincidieron en la necesidad de abrir el debate a la opinión pública.

Lo anterior luego de que en marzo pasado, fue denunciada una estudiante universitaria de 20 años de edad, a quien se puso a disposición de un juez del ramo penal adscrito al Centro de Readaptación Social (Cereso) de ciudad del Carmen, en Campeche, acusada de interrumpir su embarazo de forma insegura.

La joven, originaria del estado de Chiapas, ingirió unas pastillas para terminar con un embarazo no deseado -de entre 18 y 22 semanas de gestación-, sin embargo tuvo una hemorragia que la obligó a acudir al Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar”.

Tras haber constatado que la joven intentó interrumpir su embarazo, los servidores públicos del hospital la denunciaron. El 30 de marzo, una trabajadora social acusó a la joven ante el Ministerio Público del fuero común, quien a su vez levantó la denuncia por “aborto provocado”.

Ante la relevancia que tuvo el caso en los medios de comunicación, en entrevistas para el medio local Punto Medio, diversas legisladoras han coincidido en la necesidad de debatir nuevamente el tema porque éste no es el único caso.

La presidenta del DIF estatal, Adriana Hernández de Ortega, dijo que en el tema del aborto, la ley no puede ser tan drástica, tienen que ser realistas y más humanos, por lo que los diputados tendrán que revisar la Ley y considerar las causas y atenuantes, porque cada caso es diferente.

En tanto, legisladoras de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Panal y Acción Nacional (PAN), se pronunciaron por escuchar a todas las voces, crear consensos alrededor del tema y, lo más importante, sin apasionarse por convicciones propias, tomar el papel de legisladoras y verlo como un tema de género.

Lourdes Solís Sierra, diputada panista, reconoció que las autoridades deben atender este problema, conocer todos los aspectos, saber las causas y determinar atenuantes.

Domitila Rico Camacho, de Nueva Alianza, apuntó que hay que abrir el tema a la sociedad, porque es la misma sociedad la que solicita que se abran los espacios porque los legisladores no deben decidir con base en una postura personal.

La priísta Ana Martha Escalante Castillo, resaltó que los diputados deben escuchar la experiencia que tienen en el DIF, que es la instancia que tiene mayor contacto y acercamiento con quienes han pasado por esta situación.

El presidente estatal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se pronunció por crear foros para conocer la opinión de la ciudadanía.

“hay que reconocer la realidad y estar a favor de que se discutan los temas, conocer las posibles atenuantes para poder hacer reformas a las leyes, y darle certeza jurídica, tenemos que garantizar la vida de las mujeres”.

LA LEY

El 23 de abril de 2009 el Congreso del estado de Campeche reformó el Artículo sexto de la Constitución Política del estado, gracias al apoyo de legisladoras y legisladores del PRI, PAN, Convergencia y Nueva Alianza.

La modificación a la Ley, que entró en vigor el 2 de septiembre del año pasado, dice que “conviene que el derecho de toda persona a la vida, está protegido por la ley desde el momento de la fecundación o concepción hasta la muerte natural, con las salvedades ya previstas en la legislación ordinaria”.

Mientras que el Artículo 298 del Código Penal del estado establece que “no es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación, y en el Artículo 299 se indica que no se aplicará sanción cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista”.

De igual manera en el Artículo 297, se establece que “Se impondrán de uno a tres años de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, cuando no tenga mala fama, haya logrado ocultar su embarazo y que éste no sea fruto de matrimonio o concubinato. En los demás casos se aplicará prisión de uno a cinco años”.

Esta vulneración del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad libre y voluntaria, provocó que el 15 de octubre de 2009, un grupo de 60 mujeres de Campeche presentaran amparos ante los Juzgados de Distrito en ese estado, argumentando que la reforma al artículo sexto constitucional estatal vulnera y desconoce los derechos fundamentales de las mujeres reconocidos en la Constitución Federal.